México Distrito Federal, 7 de Abril de 2013
Señor Licenciado Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Presente
Agradezco sus atenciones e interés en mi Iniciativa Ciudadana o Propuesta de reformas al Artículo 115 Constitucional, contenida en el Capítulo 4 de mí Libro:“Transparencia en el Origen y destino de los recursos públicos desde los municipios, para consolidar la gobernabilidad democrática” que le entregué en propia mano el 8 de Enero pasado, en el Salón de la SHCP, durante la comida con Embajadores y Cónsules del Servicio Exterior Mexicano.
En atención a su invitación a todos los mexicanos a participar en los distintos Foros para la
integración del Plan Nacional de Desarrollo, le envío a través de este medio electrónico, una
versión breve de mi Propuesta de referencia para el fin mencionado.
Señor Presidente comparto con usted y sus colaboradores, las siguientes convicciones:
El Federalismo debe tener alcance e identidad con la sociedad mediante el Combate
Preventivo de la Corrupción y la transparencia en el origen y destino de los recursos
públicos desde los municipios.
Crear ciudadanía con bases constitucionales, para que sea un preventivo y efectivo
contrapeso a la corrupción e impunidad.
Lograr credibilidad en el federalismo como la mejor opción, para la solución de los
problemas más graves en su lugar de origen, donde habitan o desarrollan su vida
cotidiana. En el municipio, se sufre lo nocivo de la corrupción, en los tres niveles de
gobierno, en seguridad, educación, empleo y justicia.
Ante la Corrupción que destruye nuestras Instituciones, La solución:
1. El Combate Preventivo de la Corrupción desde los Municipios, una Prioritaria Razón de
Estado.
2. Un Nuevo Pacto Federal basado en la transparencia en el origen y destino de los recursos
públicos desde los municipios.
3. Para cumplir con los ciudadanos mexicanos y con los compromisos internacionales en
materia de Transparencia y combate a la Corrupción.
4. Para que haya verdadera Supervisión de la Sociedad y Transparencia en el origen y
destino de los recursos públicos.
5. Para pasar de las palabras a los hechos.
6. Para Un Mejor diseño de las Ciudades; que funcionen los Ayuntamientos y vivir mejor en
los Municipios: URGE ESTA REFORMA ESTRUCTURAL.
Quedo en espera de que me conceda la audiencia, en que pueda comentarle personalmente, las razones y beneficios de mi Propuesta para que nuestro amado México, tenga para siempre un Estado y un Gobierno federal, de resultados; basado en la Transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios.
Atentamente
Reynaldo Castro Melgarejo
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Propuesta de Reforma al Artículo 115 Constitucional.
Presentada por el Ciudadano Licenciado Reynaldo Castro Melgarejo
Mi convicción de ser factor de cambio, como resultado de mi formación profesional en la
Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, me llevó
a investigar sobre este tema y a realizar innumerables esfuerzos porque la concertación
municipal, la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno; la rendición de cuentas y la
transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde cada municipio, sean
reconocidas constitucionalmente.
Vienen a mi memoria mi participación en distintos foros nacionales e internacionales, mi
audacia para presentarla ante Presidentes de la República y candidatos al mismo cargo,
Gobernadores de diversos estados, Legisladores de las distintas Cámaras Federales y
Locales, Presidentes Municipales, funcionarios públicos de los tres Órdenes de gobierno
de distintos partidos políticos, diversas organizaciones de la sociedad civil, Secretarios de
Estado, Subsecretarios y Directores Generales.
En todo este tiempo desde 1985 en que empecé a investigar, luego en 1988 cuando ya
concebí la formulación de un proyecto de Decreto para reformar este Artículo, viví
intensas emociones en diálogos, discusiones y debates sobre este tema; he defendido mi
propuesta, he insistido ante actitudes diversas de evasión y resistencia al cambio que
representa esta posible reforma estructural que alcanza las Instituciones de los tres
niveles de gobierno, administrativas, políticas, económicas y sociales del Estado
mexicano.
De ser aprobada, será una modesta aportación para que juntos sociedad y gobierno en
México, logremos enfrentar la globalización económica y las fuerzas del mercado, con la
fortaleza de un Estado Federal, un País de leyes, un Sistema de Gobierno que cumple
con sus ciudadanos y cada vez más ofrezca mejores resultados y oportunidades para
todos, basado en una equitativa generación y distribución de la riqueza nacional,
crecimiento económico, el fortalecimiento del mercado interno, salud, educación, empleo,
vivienda y niveles de bienestar para más mexicanos en cada ejercicio de gobierno en
cualquiera de los tres órdenes.
La Concertación Municipal al ser constitucionalmente reconocida, será un preventivo y
efectivo contrapeso político, del mismo Sistema de Gobierno, para contrarrestar la
dispersión de recursos, la corrupción, las complicidades y la impunidad; para alcanzar el
más alto objetivo que debe tener cualquier gobernante desde cualquiera de sus tres
órdenes: reducir el número de mexicanos en condiciones de miseria y de pobreza
extrema.
De alcanzar el reconocimiento constitucional el contenido de mi propuesta, se pondrá en
práctica verdaderamente un instrumento jurídico-legal que nos ayudará a todos los
mexicanos a cuidar con total Transparencia, el origen y destino de los recursos públicos
que administra el Sistema de Gobierno.
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PROYECTO DE INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
IX DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. PRESENTADA POR EL CIUDADANO LICENCIADO REYNALDO
CASTRO MELGAREJO.
CIUDADANOS SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E S.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Municipio, Célula Política, Económica y Social de nuestro sistema confederado, en
cuya jurisdicción territorial se viven de manera intensa las luchas de nuestros
compatriotas por elevar sus niveles de vida en pleno respeto a los derechos humanos,
equidad e igualdad de género; por combatir la pobreza extrema, por más educación,
salud, vivienda, empleo y bienestar social; es la jurisdicción territorial donde el Gobierno
de la República y la Sociedad, juntos debemos encontrar las formas, mecanismos e
instrumentos jurídicos y prácticos para equilibrar los desajustes de la desigualdad social,
producto del subdesarrollo que nos ha afectado durante tantos años; el municipio libre
requiere hoy de una reforma estructural que fortalezca su autonomía política y económica
que le permita asumir la conducción de su desarrollo integral; una reforma estructural que
consolide la preventiva y transparente rendición de cuentas de cara a la sociedad, de todo
el sistema de gobierno en sus tres Órdenes.
En consecuencia, es determinante la definición de reglas claras en la asignación de
responsabilidades, ampliar los mecanismos legales de la participación corresponsable de
la sociedad civil y combatir con ellos la dispersión en la aplicación de los recursos para
que haya un preventivo control en el seguimiento y la evaluación de programas
específicos en beneficio de los municipios y no se afecten ni retrasen las metas del
desarrollo nacional.
Es inaceptable que la abulia y el exceso de burocracia de algunos funcionarios, provoque
duplicidad de funciones, simulación e irresponsabilidad, que se revierten en contra del
Sistema de Gobierno al provocar como resultado el dispendio irrecuperable de los
recursos públicos.
Es un clamor constante en nuestro país, exigir el cumplimiento escrupuloso de las
responsabilidades, claridad y transparencia en las acciones de todos los servidores
públicos. La rendición de cuentas de cara a la sociedad debe ser una constante de todos
los representantes de los tres Órdenes de gobierno.
Para lograrlo, es necesario alentar mecanismos donde la sociedad se exprese y se
pronuncie a favor o en contra de la calidad y eficiencia de la actuación de los funcionarios
públicos y pueda evaluar la correcta conducción de los programas de desarrollo que se
benefician o le afectan. Es necesario que en nuestro País dispongamos de un marco
jurídico y práctico desde cada municipio, de medios efectivos para garantizar que los
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actos públicos cumplan los propósitos que la sociedad ha establecido. A la libertad que
existe en el País para expresar opiniones, debe sumarse una mayor capacidad de los
ciudadanos en sus municipios, para conocer e influir con sentido preventivo y
transparente, en el origen y destino de los recursos público, para corresponder con el
interés de las mayorías.
Con respeto íntegro a la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios, se
prevé la creación de un Concejo Ciudadano de Concertación en cada municipio.
La propuesta que se somete a la consideración del Congreso de la Unión, prevé que las
legislaturas de cada estado establecerán la forma de integrar los mecanismos necesarios
para su funcionamiento con la participación de los sectores público, social y privado en el
seno de los Consejos Municipales de Concertación. De ser aprobada la presente
iniciativa, cada Consejo que estará presidido por el correspondiente Presidente Municipal,
tendrá por objeto que la formulación de los Programas Anuales de Desarrollo Municipal,
puedan mantener una adecuada congruencia con los Planes Estatal y Nacional de
Desarrollo, así como con los diversos programas de carácter sectorial, institucional,
especial y regional derivados de dichos planes.
Para el mejor funcionamiento de los Consejos, se prevé que estos deberán celebrar sus
reuniones cuando menos en forma bimestral, lo que les permitirá dar un mejor
seguimiento en la correcta evaluación de los Programas Anuales de Desarrollo Municipal.
Asimismo, se considera de especial relevancia señalar que en este Concejo Ciudadano
de Concertación, de ser aprobado, corresponderá a los Ayuntamientos, en el ámbito de
sus respectivas competencias, la responsabilidad de promover el desarrollo integral de su
municipio, concertando con los representantes de los Gobiernos estatal y Federal, así
como con las organizaciones más representativas de la sociedad civil, los apoyos que se
requieran para alcanzar los objetivos y metas previstas en los Programas Anuales de
Desarrollo Municipal, así como la cabal atención de las prioridades municipales y el
seguimiento del destino transparente de los recursos.
El funcionamiento de los mecanismos de corresponsabilidad entre la sociedad y el
Sistema de gobierno en sus tres Órdenes, que proponemos a la consideración del
Congreso de la Unión, no implica una interferencia de las facultades de las Legislaturas
estatales para la aprobación o fiscalización de las cuentas públicas municipales. Si en
cambio, permitiría que no haya desfasamientos en los programas por causas de
dispersión o falta de atención oportuna; por ejemplo, la oportunidad de programas
carreteros y de obra pública, construcción de vivienda, aulas, calles, drenajes, caminos,
electrificación, etc., que son en ocasiones incompatibles con los tiempos de lluvias, o el
caso de la entrega fuera de tiempo de los créditos que otorga la banca de desarrollo y
fomento destinados a la producción agropecuaria que en sí ocasionan pérdidas de
recursos irrecuperables en el ejercicio presupuestal que originalmente se tenía previsto
para el desarrollo de cada municipio.
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El objetivo principal no es el de integrar un presupuesto global pero sí el de identificar la
obra pública que en apoyo al municipio realizan el gobierno federal y estatal y tenga un
seguimiento y evaluación oportuna y transparente, lo que evitará que se den por
realizadas o terminadas obras que aún están inconclusas.
Lo anterior permitirá reglas claras en la asignación de responsabilidades y en el uso de
los recursos, involucra a la sociedad en la solución de los problemas locales, en
coordinación con el gobierno y sus representantes.
Generará confianza para que los inversionistas locales, nacionales y extranjeros
promuevan todo tipo de inversiones que traerán a la vez, pequeñas y medianas
empresas, lo cual redunda en la creación de fuentes de trabajo.
El Concejo Ciudadano de Concertación, permitirá dirimir y conciliar los conflictos o
problemas que pudieran afectar el desarrollo regional y en algunos casos nacional. Por
ejemplo, el desarrollo agropecuario, la producción de alimentos, el turismo, la operación
de puertos, la contaminación, el uso del agua, el uso del crédito otorgado por la banca de
desarrollo, el empleo, etc.
Así, por Derecho y de hecho, el Concejo Ciudadano de Concertación sería la verdadera
Contraloría Social que vigile y haga contrapeso preventivamente a los representantes de
las dependencias de gobierno y evitaría oportunamente, la desviación de los recursos
procurando su aplicación transparente.
La transparencia en el uso de los recursos permitirá alcanzar una solución para lograr los
objetivos reales y nobles de la descentralización, evitando el centralismo en capitales
estatales o cabeceras municipales.
Nuestro proyecto político, económico y social como Nación nos exige crear y ampliar las
condiciones para generar la riqueza que pueda tener una más equitativa distribución
mediante la creación de nuevos empleos, acabando con paternalismos viciados.
Juntos Gobierno y Sociedad debemos procurar que todos los mexicanos desde cada
municipio, participemos en la generación de la riqueza de que es capaz potencialmente
nuestro gran País.
Esta adición que hoy proponemos a esta soberanía, es congruente respuesta a un
reclamo nacional: que los beneficios de la descentralización lleguen a todos los pueblos y
no se dispersen en beneficio de malos funcionarios. Con esta reforma haremos
sistemática y permanente la rendición de cuentas de cara a la sociedad de todo el
Sistema de Gobierno.
Esta propuesta es resultado de vivir intensamente una lucha junto a toda la sociedad civil
de todas las afiliaciones, abstencionistas, críticos del sistema, intelectuales, medios de
comunicación e interlocutores de la sociedad, por ampliar la democracia: expresión de ello
es la Concertación Municipal que compromete a todos a actuar responsablemente y con
sentido social en beneficio de su municipio, colonia o ranchería donde habiten, para
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mejorar sus condiciones de vida, salud, educación, cultura, empleo, vivienda, energía
eléctrica, agua, drenaje, pavimentación, caminos, etc.
Como consecuencia, tendremos mayor confianza de la sociedad en nuestro Sistema de
Gobierno, mejores ciudadanos, mejores autoridades estatales y municipales sin
condicionantes partidistas; en cada municipio una más amplia gestión y solución a las
necesidades sociales y una sociedad más consciente, convencida y comprometida con
los programas de gobierno mediante su participación corresponsable ante la honesta
administración de los recursos y el éxito de las metas.
Es esta una adición que recoge e incorpora el gran sentido político que existe en todas y
todos los mexicanos sin distingo de siglas o afiliaciones partidistas. En esta adición se
reconocen con oportunidad las exigencias que la realidad demanda y mantiene dinámico
el propósito estratégico de transformar positivamente la realidad en cada municipio con la
aportación y participación de la sociedad civil en todos sus segmentos.
Es en el municipio, centro jurídico – territorial, económico, político y social de nuestro
Sistema Democrático, donde se requiere con ánimo republicano y un esfuerzo nacional,
consolidar los cambios, ampliar los mecanismos de concertación con todas las fuerzas
políticas en la jurisdicción para que la participación de la sociedad, en corresponsabilidad
con los representantes de los tres niveles de gobierno, sea cada vez mayor en la toma de
decisiones que implican su desarrollo.
Por eso nos proponemos crear las bases para fortalecer la construcción entre sociedad y
gobierno de una nación más justa y democrática, más soberana y nacionalista, con la
participación de todos los mexicanos. De ser aprobados por esta soberanía, los Concejos
Ciudadanos de Concertación nos permitirán en el futuro inmediato contar con un eficaz
instrumento para mantener el rumbo de nuestra estrategia de desarrollo, una política de
amplio respeto en la relación sociedad gobierno sustentada en una economía estable y
con una amplia participación ciudadana en apoyo de la creación de fuentes de trabajo, en
congruencia con las políticas y programas de conservación ambiental.
En estos tiempos, en que nuestro País lucha por alcanzar una estabilidad sostenida de la
economía, la integración del Sistema Nacional de Planeación debe darse desde la base y
célula social, política y económica para definir con la participación de la sociedad, las
prioridades de asignación de los recursos no sólo a los aspectos de atención a la pobreza
extrema, sino también al desarrollo integral de cada municipio en que el sistema federal
aplica recursos para la incorporación de servicios y elevar la producción de sus
potencialidades.
Es conocida por todos, la firme convicción de nuestra sociedad de no aceptar un Gobierno
que la sustituya o que limite su participación; en síntesis, nuestra filosofía del Estado
basada en nuestras Leyes abre sus acciones a un Gobierno corresponsable junto con la
sociedad en las decisiones políticas, económicas y sociales. Un Estado comprometido
con la justicia social, con una mayor democracia participativa en la toma de decisiones.
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Por eso reafirmamos nuestra convicción de formar parte de un Estado de Derecho en el
que conduciremos el cambio en el marco de la ley.
Porque todos los mexicanos queremos una patria libre frente al mundo, libre de miseria y
del atraso; libre de impedimentos al ejercicio de los derechos constitucionales y, libres de
obstáculos a su desarrollo con estabilidad.
Queremos una Patria libre de egoísmos, envidias y mentiras en la función pública. Una
patria llena de humanismo que promueva el bienestar de todos.
Por todo ello, que con el concurso de los sectores productivos se alcance el más alto
interés de crear empleos y los mecanismos de transparencia en la aplicación de los
recursos oficiales en los tres niveles de gobierno, para ofrecer a todos los mexicanos
mejores oportunidades de vivir una vida digna con mayor libertad y justicia social.
Estamos claros que la modernización del País no está concluida, falta mucho por hacer, y
en ello se necesita el consenso de todos porque todos estamos comprometidos a vivir en
nuestro México con más y mejor democracia, más justicia social, más crecimiento, empleo
y bienestar; en síntesis, más desarrollo humano con estabilidad política y económica
permanente que nos permita a todos, sociedad y gobierno, actuar en armonía y conseguir
el desarrollo respetando la ley para beneficiar a los trabajadores del campo y la ciudad, a
las clases medias, a las mujeres, a los jóvenes y a los grupos de ciudadanos que sin estar
en la pobreza extrema viven en sus municipios comprometidos con su desarrollo integral
que los arraiga y los motiva a aportar con orgullo un esfuerzo más para mejorar su forma
y nivel de bienestar.
Hoy en la modernidad, con la reforma estructural que se propone, los niveles de gobierno
en corresponsabilidad con la ciudadanía buscarán en armonía la atención y la solución de
las prioridades en cada municipio. En respaldo a las iniciativas locales para que los
municipios sean cada vez más capaces de conducir y originar la energía y creatividad de
la comunidad. Que el pueblo encuentre en los municipios el lugar donde definir sus
necesidades prioritarias y también la forma de satisfacerlas.
Los Concejos Ciudadanos de Concertación que hoy proponemos ante esta soberanía,
fortalecerán que los municipios sean la primera instancia legal donde se una la voluntad
del pueblo con la del gobierno en realizaciones concertadas y tangibles.
Ante los grandes retos nacionales, nuestro federalismo, ligado al fortalecimiento municipal
transparente, debe delegar decisiones a los estados y a los municipios. Se trata de
consolidar la democracia por medio de la Transparencia en la descentralización, la cual
permitirá que México alcance un desarrollo más equilibrado entre las regiones y entre los
sectores productivos y sociales.
Por ello, es necesario que ampliemos el marco jurídico de los municipios para que en
consecuencia, también podamos ampliar las funciones económicas, políticas, financieras
y administrativas que les permita a los municipios tener un mejor mecanismo para asumir
en corresponsabilidad con la ciudadanía y en coordinación con los niveles estatal y
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federal, la definición de las prioridades y la transparente aplicación de los recursos
disponibles para atenderlas.
Es bien sabido por todos, que los desequilibrios que genera la explosión demográfica,
ante el limitado crecimiento de recursos económicos públicos para dar respuesta a las
necesidades sociales, que naturalmente implica, no podrán ser superados si no
fortalecemos a nuestros municipios; sólo con municipios fuertes, capaces y productivos
podremos alcanzar un desarrollo regional que atenúe los flujos migratorios de los ya
congestionados centros urbanos y hacia otros países.
No habrá en el corto ni en el largo plazo ciudades con suficientes y eficientes servicios si
no corregimos la inercia de las grandes ciudades que ya de suyo venimos enfrentando,
sin alcanzar a dar una satisfacción suficiente de las necesidades básicas. Ya no podemos
permitir que en las ciudades aumenten los centros de miseria, sin intentar siquiera
cambiar la inercia de la expulsión demográfica del campo a las ciudades.
Es urgente llevar a cabo un fortalecimiento de los municipios; en primer término,
respaldando a la voluntad popular con voluntad política para que la definición de
prioridades y aplicación transparente de los recursos en cada programa destinado a
elevar su producción y su desarrollo integral, es decir, que surjan de los propios
ciudadanos en los municipios las más importantes decisiones que los beneficien,
reconociendo su conformación heterogénea y diversa y sin perder la unidad en los rasgos
esenciales que los distinguen.
En segundo término, reforzando la formación de mecanismos transparentes de
coordinación financiera y administrativa con los otros dos niveles de gobierno, que
respeten las capacidades peculiares que distinguen a cada municipio y además incluya
con claridad el papel de las organizaciones sociales que le dan sentido a la democracia
municipal.
Sabedores de que las inercias de la burocracia han generado ineficiencias administrativas
en las distintas instancias de la administración pública es determinante respetar y ampliar
el reconocimiento a la democracia representativa, para que sea sustento legal y
respetado, y se convierta cada vez más en una práctica legal, natural y cotidiana con el fin
de que la comunidad organizada participe en la definición, seguimiento de la ejecución y
control de las decisiones que afecten su vida.
Así los Concejos Ciudadanos de Concertación serán el instrumento dentro de un marco
reglamentario para el fortalecimiento de la descentralización y el municipio proponiendo a
los gobiernos estatales la adecuación de sus normas administrativas, que dentro de la
Planeación Democrática permitirá que los ciudadanos de cada municipio conozcan las
obras federales y estatales que se llevarán a cabo en su jurisdicción. Este será un punto
básico que permitirá no sólo el mejor desempeño del servicio público en los municipios,
sino que será el mecanismo de retroalimentación tan indispensable que la Federación
necesita en la evaluación de la función pública en sus tres niveles para una mayor fuerza
de nuestro pacto federal que se signifique en la fortaleza de nuestra soberanía.
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Es una firme convicción de los mexicanos, que el Gobierno en respuesta a un reclamo
ciudadano, no siga tomando decisiones desde el centro que definan políticas públicas
para el desarrollo municipal.
Es por ello, que juntos federación, estados y municipios podremos convertir a la
participación corresponsable de la ciudadanía en una gran vertiente de la política que se
traduce en democracia al reasignar responsabilidades y recursos, lo que significa
redistribuir el poder de decisión sobre la atención de sus prioridades.
Para redistribuir el poder de decisión, se requiere que los estados se propongan más que
conducir el desarrollo, avanzar en el fortalecimiento de los municipios. La consecución de
este objetivo exige alcanzar logros en la transferencia de funciones administrativas y de
procesos más acabados de decisión que los podremos lograr con la puesta en marcha de
los Concejos Ciudadanos de Concertación.
Condicionante de nuestro desarrollo ha sido el centralismo mismo que se ha contraído
con la apertura a la participación de la sociedad en un proceso gradual como lo
demuestra la Reforma del Estado, pero hoy es necesario redistribuir también las
atribuciones relacionadas con la producción y el desarrollo integral, contrarrestar el
centralismo burocrático con la colaboración de todos los sectores sociales y económicos,
dando vigor a nuestra concepción mexicana de federalismo.
Afirmamos que en coordinación con los estados, es necesario establecer metas
específicas y vigilar su cumplimiento, revitalizando el acuerdo en lo fundamental de
nuestra Constitución Política, mediante la concertación de acuerdos y formulación de
compromisos sociales que en las regiones y municipios atiendan adecuadamente las
demandas de la sociedad.
Esto lo podremos conseguir con los instrumentos jurídicos y prácticos, en que juntos
sociedad y gobierno en sus tres niveles habremos de convertir a los Concejos
Ciudadanos de Concertación, mismos que nos permitirán poner cifras y tiempos de
entrega en los acuerdos con las organizaciones sociales en cada municipio para conjuntar
los de cada entidad que conforman el universo federal.
Estamos ciertos que al perfeccionar los instrumentos para coordinar la corresponsabilidad
entre sociedad y gobierno, la acción pública se verá aceptada en programas útiles y
tangibles apoyados y avalados por los directamente beneficiarios de los mismos o su
disentimiento oportuno que nos evitará la dispersión de los escasos recursos y actos de
corrupción.
La participación de los mexicanos es un reclamo social que hemos escuchado a lo largo
de nuestro país. Con la aprobación de esta soberanía los Concejos Ciudadanos de
Concertación podrán ser los instrumentos que permitan identificar y proponer soluciones
eficaces a las prioridades municipales que forman el conjunto de prioridades estatales, lo
cual retroalimentará la Federación evitando la selección de obras desarticuladas de la
realidad social o que pudieran responder a intereses de terceros.
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El establecimiento de los Concejos Ciudadanos de Concertación en el marco de la adición
al Artículo 115 Constitucional que proponemos ante esta soberanía, será un gran paso
para apoyar a los Ayuntamientos a enfrentar con mejores instrumentos jurídicos y
prácticos la prestación de servicios públicos en coordinación y con el apoyo de las
Dependencias Federales, estatales y en corresponsabilidad con la sociedad de cada
municipio.
En este orden de ideas, los municipios estarán mejor preparados para asumir en definitiva
la conducción de su propio desarrollo. Ayudando a que con madurez y en el marco de la
ley, en la primera instancia del gobierno se viva la democracia representativa y
participativa para la solución de muchos de los problemas más sentidos del país,
ejerciendo una aplicación transparente de los recursos del Sistema de Gobierno en sus
tres niveles. El espíritu de esa reforma estructural que se propone, es crear los
instrumentos legales que permitan una solución y responder insoslayablemente al legítimo
reclamo ciudadano de que la política económica adopte modalidades de ejecución
municipal.
En apoyo al espíritu contenido en esta propuesta es impostergable reformar nuestra Carta
Magna, modificar las estructuras sectoriales para que estén en condiciones de responder
a las necesidades de cada entidad partiendo de la concertación a nivel municipal.
A esto convocamos, a todos los partidos, a trabajar juntos para modificar las leyes
orgánicas y reglamentarias correspondientes a efecto de que las de las Secretarías de
Estado, Dependencias y Organismos se modifiquen y faculten a sus delegaciones y
oficinas representativas en apoyo al buen funcionamiento de los Concejos Ciudadanos de
Concertación, que impulsarán no sólo aspectos administrativos de la función pública en
los municipios, sino también incorporarán aspectos productivos con una transparente
aplicación de los recursos económicos, humanos y materiales para su desarrollo integral.
Prioridad nacional del presente y del futuro es que México recobre la dinámica de la
actividad productiva, debemos continuar la descentralización, pero no meramente
administrativa, sino la que pasa por la democracia representativa y participativa y acerca
las decisiones a los ciudadanos, no sólo en los aspectos electorales o de programas
especiales, sino en los distintos sectores de la producción y de la obra pública para
fortalecer e impulsar al desarrollo integral de los municipios.
Este nuevo instrumento de participación ciudadana que proponemos, de ser aprobado,
será el eje fundamental en lo político, económico y social para que la función del Estado
alcance una reforma estructural desde la célula básica de su organización. Es por eso que
sabedores que la gran tarea que tenemos enfrente, tenemos que crear un marco jurídico
para la corresponsabilidad que la sociedad asumirá en esta lucha por recuperar la
dinámica del crecimiento económico y una equitativa distribución de la riqueza nacional,
se mantenga en armonía, con un manejo transparente de los recursos públicos para el
desarrollo de la Nación.
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La escasez de recursos económicos es un obstáculo muy concreto. Es por eso que
valoramos la participación ciudadana como básica, para lograr el bienestar social. La
corresponsabilidad entre sociedad y gobierno en los Concejos Ciudadanos de
Concertación, será un efectivo contrapeso que anulará la corrupción, dispersión de
recursos, la desviación o el atraso injustificado de obras y programas que posteriormente
tienen un costo elevado fuera de presupuesto y un consecuente impacto negativo en la
función del gobierno, sea federal, estatal o municipal.
Los Concejos Ciudadanos de Concertación serán instrumentos eficaces en atención
directa a las demandas de la sociedad para lograr juntos, sociedad y gobierno, empresas
y trabajadores de todos los sectores productivos, una más equitativa generación y
distribución del ingreso, una más amplia y efectiva posibilidad de llevar un justo reparto de
la riqueza desde los municipios, que genere más y mejores empleos y desarrollo de las
potencialidades regionales, más expedita justicia social porque con la aplicación más
transparente de los recursos públicos, con una participación corresponsable de la
sociedad, tendremos más calidad y oportunidad en la obra política y en la obra pública
para elevar nuestros niveles de educación, comunicaciones, caminos, drenaje, uso del
agua, salud, vivienda, alimentos a mejores precios y de calidad y una sana convivencia
social y un fortalecimiento de la democracia política y económica para enriquecer y
reforzar nuestra soberanía, nuestro desarrollo económico y social, sustentado en un
crecimiento armónico y sostenido de los principales indicadores de desarrollo, que sin
duda alguna se traducirán en un combate efectivo, sistemático y estratégico de la
corrupción, la dispersión y la pobreza extrema.
El avance del proceso de construcción democrática en que hoy México se encuentra, nos
compromete a transitar dentro de la ley y fortalecer las instituciones para lograrla en lo
político, en lo económico y en lo social, contando con la alianza de la sociedad, para
alcanzar mejores resultados en la función pública municipal, estatal y federal.
Por lo anteriormente expuesto con fundamento en la Fracción IV del Artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 57, 58 y demás
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, en términos de lo dispuesto por el Artículo 135 de la propia Constitución
General de la República, nos permitimos someter a la consideración del Honorable
Congreso de la Unión, la presente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX DEL
ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción IX del Artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 115.-.....................................................................................
I. a VIII...............................................................................................
IX. En cada municipio habrá un Concejo Ciudadano de Concertación, en el que
participarán los sectores público, social y privado de conformidad con lo que establezcan
las legislaturas locales. Cada Consejo estará presidido por el Presidente Municipal y
tendrá por objeto la formulación de los Programas Anuales de Desarrollo Municipal,
procurando mantener congruencia con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo y con
los programas derivados de éstos.
Para ello, los Concejos Ciudadanos de Concertación tienen facultades para participar en
el diseño de las políticas públicas del desarrollo municipal y los propios programas
federales y estatales, en sus respectivas áreas de jurisdicción.
Teniendo en sus reuniones una periodicidad bimestral, como plazo máximo, para la
correcta evaluación de los Programas Anuales de Desarrollo Municipal.
Los Concejos Ciudadanos de Concertación se integrarán en forma participativa en los
términos que determinen las legislaturas locales, de conformidad con las siguientes
bases:
a). Establecerán las funciones que correspondan a los propios Concejos respecto a la
ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones
de desarrollo económico y social.
b). Establecerán los mecanismos de coordinación y concertación que permitan una
adecuada supervisión y preventivo control de los recursos destinados a la inversión
productiva y del cumplimiento de los programas.
c). Señalarán las reglas para la regulación conjunta y coordinada de desarrollo de los
municipios dentro del mismo estado y en las zonas conurbadas.
En apoyo al buen funcionamiento de los Concejos Ciudadanos de Concertación, los
Ayuntamientos serán responsables de promover el desarrollo integral de su municipio,
concertando con los representantes de las dependencias y entidades de los gobiernos
estatal y federal, así como con las organizaciones más representativas de la sociedad
civil, los apoyos necesarios para el logro de los programas correspondientes, el estímulo
de la producción, la atención de las prioridades municipales y el seguimiento del destino
transparente de los recursos.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados en el plazo de un
año computado a partir de la vigencia de este Decreto, procederán a reformar y adicionar
las leyes federales así como las Constituciones y leyes locales, respectivamente, para
proveer el debido cumplimiento de las bases que se contienen en el mismo.
Reitero a ustedes CC. Secretarios las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
México, D.F., a los __ días del mes de ____ del 20__.
